A través de un comunicado, Sumar mostró su rechazo a la propuesta de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ya que consideran que limita la capacidad del ejercicio de la acusación popular por parte de asociaciones, sindicatos y sociedad civil.

“A lo largo de los últimos años este instrumento se ha demostrado como imprescindible para el control de la sociedad civil sobre los abusos del poder económico y político”, señalaron.

Además, apuntaron desde Sumar que también consideran necesario que la nueva ley “contenga más mecanismos de protección de los derechos fundamentales en el debido proceso, y facilite el uso de las lenguas cooficiales del Estado”.

Por todo ello Sumar mostró “su disconformidad”, y avanzó que su grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados no apoyará “la limitación de la acusación popular, sino que trabajará para su fortalecimiento, así como para introducir más previsiones garantistas en la ley”.