Así lo planteó este jueves el escritor Ignacio Sánchez Cuenca, coordinador de ese grupo de Calidad Democrática, en su intervención por videoconferencia en el acto en Madrid en el que Sumar quiso exponer las conclusiones preliminares de sus grupos de trabajo. Sánchez Cuenca denunció el proceso de degradación de la política española y propuso “un nuevo contrato democrático entre la ciudadanía y sus representantes” que tenga mecanismos de control y sea permeable a la sociedad.

En concreto, sugirió, además de ese cambio en la forma de elección de los órganos institucionales, que, por ejemplo, no dejaría la elección del CGPJ y el Tribunal Constitucional en manos ni de políticos ni de jueces, promover asambleas ciudadanas elegidas por sorteo para lanzar propuestas no vinculantes y potenciar la democracia directa con consultas, iniciativas populares, y que ciudadanos hagan preguntas en los debates electorales y plenos parlamentarios con participación ciudadana.

El ministro de Universidades, Joan Subirats, uno de los encargados del ”marco integrador del proyecto”, una suerte de coordinador, citó como referente el Informe Beveridge de los años 40 que inauguró el planteamiento laborista o socialdemócrata de posguerra al asumirlo el primer ministro Clement Atlee. Así, propugnó “un nuevo sentido común", una salida colectiva de la crisis que dé importancia a lo público.

La presentadora del acto, Inés Hernand, comenzó aclarando que no se iba a “hablar de la política de Twitter”, sino de “las cosas importantes”, y que Sumar pretende “una política de país”, “poner en el centro los afectos” y “revalidar un mejor Gobierno progresista”. También aviso de que los grupos de trabajo “continúan trabajando” y de que, pese al acto de hoy, “el proyecto de Sumar se presentará dentro de unos meses”.

El escritor César Rendueles, coordinador del grupo de Bienestar y Derechos Sociales, abrió el esbozo de las primeras conclusiones explicando que el objetivo es construir un “horizonte de buen vivir”, para afrontar temas como la pobreza, la dependencia, la transición medioambiental y las percepciones subjetivas, y avanzó un proyecto de renta universal.

Amparo Merino, del grupo de Trabajo Decente, afirmó que los cambios habidos en materia laboral “son sólo el principio” y reivindicó la democratización de la empresa, un nuevo Estatuto del Trabajo y “un nuevo laborismo que gobierne las transiciones” digital, ecológica, migratoria y otras, con reducción de la jornada laboral, refuerzo de la negociación colectiva y “una nueva forma de concebir el despido” para que los empleados reciban una compensación económica que sea “disuasoria para las empresas”.

INTERESES DE MERCADOS Y CIUDADANOS

Rafael Muñoz de Bustillo, del grupo de Economía y Modelo Productivo, diagnosticó que los intereses de los mercados son distintos de los de la ciudadanía. Abogó por un empleo de calidad que sitúe los índices al nivel del resto de Europa, y por dirigir la industrialización a nichos como la energía verde.

Zaida Muxí, del grupo de Cuestión Urbana, planteó el barrio como medida de actuación y propuso un uso social del suelo público y corregir desigualdades, hacer efectivo el derecho a la vivienda y cambiar los modelos urbanísticos.

Por videoconferencia, María Ramos, del grupo de Alimentación Saludable, subrayó que los sistemas agrarios tienen que ser sostenibles y someterse a una transición consecuente con la emergencia climática, reclamó el derecho a la alimentación universal y una dieta mediterránea más basada en productos vegetales y no animales ni procesados, y depender cada vez menos de la importación. Sugirió incentivar el consumo de alimentos saludables y sin componentes químicos, fiscalmente y mediante la compra pública de tales productos.

Rafa Cofiño, de Sanidad y Salud Mental, defendió una atención primaria fuerte como elemento vertebrador de la sanidad pública, la renovación de hospitales y promover el bienestar emocional de toda la población y coordinar los sistemas sanitarios y los sociales.

Marina Echebarría, de Derechos y Libertades Lgtbiq+, demandó un pacto de Estado por estos derechos, que aúne al mayor número de colectivos, que tenga presupuestos, participación social y seguimiento de sus resultados.

Finalmente, Elsa Arnaiz, coordinadora del grupo de Juventud, se planteó el reto de la emancipación, el del riesgo de exclusión social, el climático y fomentar la participación política de los jóvenes, así como un pacto de Estado para que todas las políticas tengan en cuenta su impacto sobre los jóvenes.