El tribunal toma la decisión tras recibir una exposición razonada del Juzgado de lo Penal número 3 de Arrecife, que la envió tras comunicar el abogado de Sanginés que su cliente había adquirido la condición de senador por la Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que pasaba a ser aforado ante el Supremo.

La Sala ha constatado que existen indicios de la comisión de hechos delictivos por persona aforada, por los que la Fiscalía formuló contra él escrito de acusación por delito de falso testimonio solicitando la imposición de un año y medio de prisión e inhabilitación durante el tiempo de la condena.

El auto señala que los hechos objeto de acusación, según el escrito del Ministerio Fiscal, se remontan a 2009, cuando Sanginés ostentaba el cargo de presidente del Cabildo Insular de Lanzarote y del Ente Público de Empresa Local (Centro de Artes, Cultura y Turismo), y compareció voluntariamente ante las dependencias policiales de Costa Teguise, para denunciar unas irregularidades en la contratación de determinados servicios cometidas por diversas personas.

Según el escrito de acusación del fiscal, el ahora aforado hizo la denuncia, narrando irregularidades que constituían varios delitos contra la administración pública, “con ánimo de faltar a la verdad objetiva, y con manifiesto desprecio hacia la misma”. Posteriormente declaró como testigo en las actuaciones judiciales abiertas por su denuncia, y “previo juramento o promesa de decir verdad”, “volvió a manifestar, faltando a la verdad objetiva, las mismas irregularidades en la contratación de servicios imputadas”, siempre de acuerdo al escrito de la Fiscalía.

En 2019 prestó una nueva declaración testifical en las actuaciones en la que mantuvo las anteriores imputaciones, y a los pocos días esa causa fue sobreseída provisionalmente, según el relato de la Fiscalía.