En dos autos conocidos este viernes, la Sala de lo Penal del Alto Tribunal designa al magistrado Julián Sánchez Melgar como instructor de la primera causa, que también afecta al empresario Álvaro Romillo por la entrega de 100.000 euros al partido de Alvise en mayo de 2024.

La Sala aprecia indicios de "delitos de estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental" en la exposición razonada elevada por el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional el pasado diciembre.

Los magistrados señalan que los hechos podrían encajar en el artículo 304 bis del Código Penal sobre financiación ilegal de partidos políticos y en el artículo 149 de la Ley Electoral sobre elusión de deberes contables.

SEGUNDA CAUSA POR DIFAMACIÓN

En la segunda causa, el tribunal ha designado al magistrado Javier Hernández para investigar la difusión de una prueba covid-19 falsa de Salvador Illa durante la campaña electoral catalana de 2021.

La Sala considera que existen "múltiples indicios fundados" de delitos de falsedad en documento privado e injurias por publicar en Twitter un informe médico falso del Hospital Quirónsalud Barcelona sobre Illa.

Los magistrados destacan que el documento era "totalmente falso" y habría sido difundido "con ánimo de perjudicar al Sr. Illa y al PSC en el marco de la campaña electoral" al Parlamento catalán.

El tribunal ha admitido la personación del PSOE como acusación popular en la primera causa, con una fianza de 15.000 euros, mientras que en la segunda causa señala que hay diligencias pendientes sobre varios perfiles de Twitter.

ARCHIVO DE LA TERCERA CAUSA

Al mismo tiempo, la Sala ha decidido no abrir una tercera causa contra el eurodiputado por presuntos desórdenes públicos durante las protestas contra la ley de amnistía en noviembre de 2023 frente a la sede del PSOE en Madrid.

Los magistrados argumentan que la exposición razonada del Juzgado de Instrucción 13 de Madrid carece de "elementos necesarios y suficientes" y no incluye una "mínima descripción fáctica de los hechos" atribuidos al aforado.

La resolución judicial destaca que el juzgado se limitó a señalar "indicios de culpabilidad" sin detallar los hechos ni fundamentar la atribución del estatus de investigado al eurodiputado.