La Audiencia de Barcelona ya había dictado en enero de 1989 sentencia favorable al informador, que se desplazó, "motivado por la excluisva finalidad de realizar un reportaje", hasta las islas para comprobar la veracidad de algunas noticias que ya habían aparecdo en el "Diario de Las Palmas", dictamen que fue recurrido por el fiscaly la acusación particular.

El artículo, publicado en la semana del 1 al 7 de febrero con el título "La mafia alemana invade Canarias", señalaba que ciudadanos alemanes pertenecientes a la Mafia habían aprovechado la expansión turística de las islas para establecerse en las playas del Inglés y Maspalomas y desarrollar sus negocios.

A consecuencia de esa presencia, se derivaron problemas como asesinatos sin esclarecer, evasiónde capitales, tráfico de coches de importanción con licencias falsas, trabajadores ilegales, permisos de residencia manipulados, chantajes, extorsiones y trata de blancas, según constaba en la información.

La sentencia del Tribunal Supremo destaca que la información "debidamente contrastada" contituía "el sentir general de sus gentes sobre el problema" y que de ella "no se deduce ánimo ofensivo, ni finalidad deshonrante".

El alto Tribunal estima que la fundamentación del recurso es inapropiada y ue en el periodista prevalece "el legítimo derecho fundamental de la libertad de expresión y de información..., mucho más cuando concurre la nota de veracidad que recoge el artículo 20.1 d) de la Constitución", que protege el acto de comunicar y recibir libremente información, regulado por "el derecho a la claúsula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades".