Dicho acto fue adoptado por el Consejo de Ministros, a propuesta del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. Es en la propuesta realizada por éste donde la sentencia aprecia desviación de poder, consistente en “el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico”.

En este caso, la sentencia considera acreditado que la finalidad buscada por el fiscal general del Estado fue asegurar a Dolores Delgado García su promoción a la máxima categoría de la Carrera Fiscal, tratando de llenar lo que, en opinión del proponente, es una carencia de la legislación en vigor.

Esta circunstancia se aparta de la finalidad propia de la potestad de resolver convocatorias para plazas del Ministerio Fiscal, cuyas vacantes deben proveerse fundamentalmente con arreglo al criterio del mérito.

La sentencia acuerda retrotraer las actuaciones al momento anterior al de elevar al Consejo de Ministros la propuesta del Fiscal General del Estado, a fin de que se realice otra nueva, teniendo en cuenta cuanto queda dicho sobre la finalidad de la potestad de resolver convocatorias para plazas en el Ministerio Fiscal.

El Gobierno nombró en octubre de 2022 a Dolores Delgado como fiscal de Sala de la Fiscalía Togada (de lo Militar) del Tribunal Supremo que ahora sostiene que la finalidad de ese nombramiento era ascender a Delgado a la máxima categoría de la carrera, poniendo en duda sus méritos.

Delgado es desde el mes de junio fiscal de sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, puesto que no podría ocupar si no tuviera la más alta categoría dentro de la carrea fiscal, por lo que esta decisión del Supremo deja en el aire su puesto actual.

Entiende el Supremo que el fiscal general del Estado propuso a Delgado como jefa de la Fiscalía Togada con el objetivo de garantizar su ascenso, algo que no es propio de la resolución de plazas en el Ministerio Público, “cuyas vacantes deben proveerse fundamentalmente con arreglo al criterio del mérito”.

El recurrente, Luis Rueda, es teniente fiscal del Tribunal de Cuentas y recurrió el ascenso de la Dolores Delgado como fiscal de sala de lo militar ante el Tribunal Supremo, una plaza por la que él también competía.

Delgado fue ministra de Justicia en el Gobierno de Pedro Sánchez entre 2018 y 2020. Tras su salida del Ejecutivo, fue nombrada fiscal general del Estado, puesto en el que se mantuvo hasta julio de 2022. Tras dimitir por motivos personales, volvió a su plaza de fiscal en la Audiencia Nacional y ya en el mes septiembre, su sucesor en la Fiscalía, Álvaro García Ortiz, la propuso para fiscal de sala de la Fiscalía Togada.