La organización ultracatólica presentó la querella por la presunta comisión de los delitos de prevaricación judicial dolosa y cohecho por no abstenerse en las deliberaciones de los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra la Ley de Amnistía.

El Alto Tribunal argumenta el rechazo en el hecho de no apreciar indicios de delito en los hechos que se describen en la querella. Explica también el Supremo que los magistrados del Tribunal Constitucional “no forman parte del poder judicial”, por lo que no pueden incurrir en las infracciones que el querellante les atribuye.

Advierte el Supremo de que la presentación de una querella no conduce de manera forzosa o ineludible a la incoación de un procedimiento penal y concluye que los hechos que se describen en la querella “no resultan constitutivos de un delito de prevaricación, judicial o administrativa, ya fuera en su modalidad dolosa o, respecto a la judicial, en su presentación imprudente”.

Añade que “no resulta sostenible” bajo “ningún método aceptable de interpretación de la ley” que el presidente del TC haya incurrido en delito alguno por no abstenerse en la deliberación de la ley de amnistía.