El partido que lidera Santiago Abascal, se querelló contra todos ellos por haber ordenado presuntamente el pago de los billetes de avión para repatriar a activistas españoles detenidos en Israel tras participar en la ‘Flotilla Global Sumud’ y el envío de un buque para prestar apoyo a dichos ciudadanos.

La Sala concluye que no concurren los elementos típicos de los delitos de malversación de caudales públicos y de prevaricación recogidos en la querella y que de su examen se desprende que los hechos “se circunscriben a decisiones gubernamentales legítimas dentro de las competencias constitucionales en política exterior y defensa, sin que se acrediten indicios racionales de comisión de los delitos de malversación ni de prevaricación, evidenciándose que la querella responde a un propósito político sin base fáctica penalmente relevante”.