El equipo del lehendakari Juan José Ibarretxe consideró que el auto de Garzón prohibiendo las manifestacione pro-Batasuna era "injusto" y lo dictó a sabiendas de que vulneraba derechos fundamentales, como el de reunión y manifestación.

Sin embargo, los magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, el auto dictado por Garzón "no constituye, en modo alguno, un apartamiento del principio de legalidad ni una interpretación irrazonable de las normas que sustentaban la decisión cuestionada".

El Supremo explica que "por resolución injusta habrá de estimarse aquélla que se aparta de todas las opcions jurídicamente defendibles, careciendo de toda interpretación razonable, siendo en definitiva exponente de una clara irracionalidad", lo que no ha ocurrido en este caso.

En cuanto a que el auto de Garzón lesionaba los derechos de reunión y manifestación, los magistrados del Supremo recuerdan que el Tribunal Constitucional ya ha señalado que los mismos "no son absolutos e incondicionables".

En este sentido, recuerda que los derechos fundamentales tienen límites, como la alteración del orden públio con peligro para personas o bienes, o aquellos otros "impuestos por la necesidad de evitar que un ejercicio extralimitado de ese derecho pueda entrar en colisión con otros valores constitucionales".

Para el Gobierno de Ibarretxe, las medidas adoptadas por Garzón en su día para decretar la suspensión de actividades de Batasuna no le permitían "restringir derechos de personas ajenas a este proceso" contra el entorno de ETA.

El Ejecutivo de Ibarretxe argumentó que el auto de Garzón prohibiendo la anifestación convocada bajo el lema "Gora Euskal Herría" fue una decisión "injusta" y poco fundada.

"El mencionado auto supone una desviación, un exceso y un abuso del derecho que lesiona derechos fundamentales. No sólo el de reunión, sino también el derecho fundamental a la presunción de inocencia o a obtener la tutela efectiva de los jueces, y extiende uan responsabilidad, no demostrada, a un amplio conjunto de ciudadanos preocupados precisamente por la vigencia y el libre ejercicio de los derechos undamentales", sostenía la querella archivada ahora por el Supremo.