La Audiencia respaldó el desahucio "por falta de pago del IBI y tasas de basuras" condenando a los demandados "a dejar libre y expedita la vivienda", bajo apercibimiento de "proceder al lanzamiento". Previamente, hubo una decisión de un Juzgado de Primera Instancia de Ibiza que dio la razón a los inquilinos frente a las pretensiones de la empresa propietaria de la vivienda.

La sentencia, con ponencia la magistrada María de los Ángeles Parra, concluye que los arrendatarios "conocieron la cláusula del contrato por la que asumían el pago del IBI y de las tasas de basura".

El contrato preveía “de manera expresa que los arrendatarios asumían el pago del IBI y de las tasas de basuras, y así lo hicieron el primer año, pagando las cantidades correspondientes a tales conceptos". El Supremo considera válido el contrato después de que la defensa de los inquilinos recurriera ante la existencia de "jurisprudencia contradictoria entre las distintas audiencias provinciales" sobre este tipo de casos.

El contrato de arrendamiento fijaba un precio mensual de 1.200 euros, especificando que en ese importe no se incluían los consumos por suministros "tales como agua, electricidad, teléfono", que serían en todo caso de cuenta del arrendatario. También establecía que "los gastos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, comunidad de propietarios y tasas de basuras serán de cuenta de los arrendatarios”.

Y aunque los inquilinos abonaron el IBI y la tasa de basura en 2021, dejaron de hacerlo al año siguiente, argumentando que esa cláusula era nula porque en el contrato no se especificaba su importe a la fecha de la firma.