Así se acuerda en dos diligencias de resolución dictadas este martes por la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, que aceptan como "partes codemandadas" en la causa al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y al INE, que se suman así a la Junta Electoral Central (JEC), que ya tenía esta condición.

En estas resoluciones, a las que ha tenido acceso Servimedia, el Alto Tribunal indica que la Abogacía del Estado ha solicitado actuar en "representación" del departamento que dirige Félix Bolaños y del INE.

Se apunta que, a partir de ahora, en las "sucesivas actuaciones" de este procedimiento, la Abogacía del Estado pasa a ser el interlocutor único de los dos organismos frente al Supremo a lo largo de todo el litigio.

Sobre la suspensión cautelar de las altas en el CERA por la 'ley de nietos', se da traslado a las partes recién personadas de la petición de Iustitia Europa de paralizar esta inscripción de posibles votantes. Para decidir al respecto, la Sala acuerda "la celebración de vista pública para el próximo día 7 de septiembre de 2026, a las diez horas, en la Sala de vistas de esta sección". Se indica que estas resoluciones sirven "de citación en forma" a los efectos para que las partes comparezcan.

EVITAR UNA "CAJA NEGRA"

Esta instrucción arrancó el pasado 29 de junio, cuando Iustitia Europa presentó ante la JEC una denuncia y una solicitud de actuación urgente por la incorporación de nuevos electores al censo de españoles residentes ausentes, el CERA, derivada de expedientes de nacionalidad tramitados al amparo de la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, conocida como 'ley de nietos'.

El partido, presidido por Luis María Pardo, fue el primero en impugnar ante el Supremo el Acuerdo 204/2026 de la Junta Electoral Central, de 16 de julio, relativo a los efectos electorales de esas nacionalizaciones. Esta fuerza política sostiene que "el censo no puede ser una caja negra".

La formación reclama conocer con qué expediente, en qué consulado y con qué documentación se inscribe a cada nuevo elector exterior, así como el criterio empleado para adscribirlo a una provincia, dado que en España la distribución de escaños se realiza por circunscripciones provinciales.

El recurso pide además que se precise cuántas personas que obtuvieron la nacionalidad al amparo de la Ley 20/2022 han causado alta posteriormente en el CERA, dónde han sido inscritas y qué criterio determinó su municipio electoral, extremos que la Junta Electoral Central no habría precisado hasta ahora.