Todos ellos habían demandado a su propio sindicato alegando que al día siguiente de iniciar una huelga, el 23 de enero de 2023, recibieron unos requerimientos que les obligaban a seguir trabajando, vulnerando así su derecho fundamental a la huelga. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia les dio la razón y condenó al sindicato a pagar 25.000 euros a cada uno. Tanto el sindicato como los trabajadores recurrieron al Supremo.

El Pleno de la Sala de lo Social ha emitido una sentencia que confirma lo esencia: el sindicato vulneró el derecho de huelga de sus quince trabajadores. La sentencia analiza los requerimientos enviados por burofax el 24 de enero de 2023 y concluye que no eran una medida legítima para garantizar “servicios de seguridad y mantenimiento”, como alegaba el sindicato, sino una orden encubierta de reanudación del trabajo.

El Supremo desmonta la defensa del sindicato y señala que aunque la ley permite que durante una huelga se mantengan servicios esenciales para la seguridad o para reanudar la actividad posteriormente, los requerimientos iban mucho más allá.

Según recoge la sentencia, esos requerimientos obligaban a los abogados a comparecer en juicios, redactar escritos y gestionar plazos procesales, es decir, a realizar sus tareas habituales, por lo que “quedaría vacío de contenido el derecho de huelga”. Además, el sindicato había solicitado formalmente “servicios mínimos” y le fueron denegados.

El Supremo reduce drásticamente la indemnización. Considera que la cantidad de 25.000 euros fijada por el tribunal gallego era “desproporcionada” porque la vulneración y fija la indemnización en 7.501 euros para cada uno de los quince demandantes, que es el mínimo legal establecido para las infracciones muy graves en el ámbito laboral.