La condena se impuso tras probarse la irregularidad de las ayudas por más de ocho millones de euros que recibieron las empresas del corcho de la Sierra Norte. La sentencia también le impuso el pago de 8.408.096,42 euros de indemnización a la Junta de Andalucía.

El Alto Tribunal desestima así todos los recursos presentados por la defensa de Ángel Rodríguez de la Borbolla y también por la Junta de Andalucía, que ejerce en este caso como acusación particular y al que se adhirió la acusación popular que ejerce el PP.

Ángel Rodríguez de la Borbolla fue condenado como cooperador necesario de un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación, con la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, por el que se le impuso un año, seis meses y un día de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de tres años y un día.

La Audiencia de Sevilla consideró probado que Ángel Rodríguez de la Borbolla “controlaba y dirigía, al menos desde comienzos de los años 2000, un grupo de empresas conectadas geográficamente a la Sierra Norte de Sevilla, concretamente a las localidades de Cazalla de la Sierra y El Pedroso, dedicadas al sector del corcho en sus distintos ámbitos productivos y de negocio”, grupo en el que se incluyen Cortansa, Corchos de Cazalla, Corchos Higuera, Servicios y Mantenimientos de Cazalla de la Sierra, y Enoworld.

El condenado era socio y administrador de derecho o de hecho de las sociedades mercantiles que en ese momento estaban al borde del cierre. Gracias a sus contactos con la Consejería de Empleo logró ayudas públicas de “elevado importe” en cuya concesión también estuvo involucrado el director general de Trabajo y Seguridad Social andaluz.