La Sala de lo Penal rechaza los recursos presentados tanto por la Fiscalía como por la Abogacía del Estado en nombre de García Ortiz y confirma el importe fijado en concepto de costas.

El tribunal desoye en su auto los argumentos de la Abogacía del Estado "acerca de la escasa complejidad de este proceso" y considera que dicha complejidad "deriva de razones materiales y procesales". Señala también que la causa versaba sobre hechos “de singular gravedad institucional” al suponer una violación del “deber de reserva” que tiene el máximo representante de la Fiscalía.

La complejidad de la causa, dice el Supremo, "se vio incrementada por la pluralidad de partes personadas, la tramitación inicial ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y, posteriormente, ante esta Sala por razón del aforamiento, así como por la incoación de quince piezas separadas para la tramitación de recursos de apelación".

POR QUÉ SE MANTIENEN LAS COSTAS

Además, el tribunal destaca la necesidad de practicar numerosas diligencias de instrucción —entre ellas, comisiones rogatorias remitidas a Irlanda y EEUU— y la intensa actividad impugnatoria desplegada durante todo el procedimiento.

García Ortiz fue condenado a dos años de inhabilitación para el cargo de fiscal general, el pago de 17.200 euros en concepto de indemnización y multa, cantidad que fue satisfecha por la Unión Progresista de Fiscales mediante una colecta, y el pago de las costas procesales.

En un primer momento, el Supremo tasó las costas en 79.942,70 euros, pero la Abogacía del Estado, en representación de García Ortiz, y la Fiscalía recurrieron esa cifra al considerarla desproporcionada. Ahora, rechaza la nueva petición de la Fiscalía y confirma la cantidad rebajada.