En concreto, el Supremo quiere saber si se ha dado cumplimiento a su orden sobre la cobertura del Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional de los menores no acompañados que hubiesen solicitado protección internacional, o manifestado su voluntad de solicitarla, y que estan a cargo de los servicios de protección de menores de la comunidad autónoma de Canarias.

En una providencia, la Sección Quinta de la Sala indica que, dado que la respuesta recibida de la Administración demandada (la del Estado) “parece poner de relieve que no se ha dado cumplimiento en sus propios términos” al requerimiento acordado en el auto de 25 de marzo, procede convocar a las partes (la Administración del Estado y la comunidad de Canarias, ésta última como demandante) a la citada vista pública.

El TS indica que en la vista la Administración del Estado deberá informar sobre el cumplimiento de la medida cautelar y, en concreto, deberá facilitar una relación detallada de los menores que han sido ya evaluados individualmente en el ámbito del Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional y de los que estén pendientes de evaluación.

En el caso de los menores ya evaluados individualmente, el Supremo pide que esa relación detallada deberá incluir la indicación del recurso de acogida de dicho Sistema asignado a cada uno de ellos, así como la relación de los que estén pendientes de asignación del recurso de acogida.

Si el Sistema actual no tuviera recursos suficientes para el ejercicio de dicha competencia estatal, pide al Gobierno que detalle las iniciativas concretas que se han adoptado para obtenerlos por cualquiera de las fórmulas reglamentariamente previstas y plazo para obtención de dichos recursos.

Además, el alto tribunal quiere saber qué unidades administrativas son las responsables de la realización de estas actuaciones. También desea conocer los concretos acuerdos o protocolos concertados con la comunidad autónoma de Canarias y calendario detallado establecido para su ejecución.

En su auto del pasado 25 de marzo, la Sala acordó, como medida cautelar positiva, requerir a la Administración del Estado para que, en el improrrogable plazo de 10 días, garantizase el acceso y permanencia en el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional de aquellos menores, actualmente a cargo de los servicios de protección de menores de la Comunidad Autónoma de Canarias y que hubieran solicitado asilo o pensaran solicitarlo.

El tribunal señalaba en el auto que decidiría sobre la celebración de vista pública sobre el cumplimiento de la medida cautelar tras recibir la información sobre el requerimiento.