El Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña fue el que dictó la sentencia por la que el pazo de Mierás volvía a manos del Estado sin que la familia del dictador tuviera derecho a indemnización alguna, atendiendo así a las peticiones de la Abogacía del Estado y de las partes demandantes que fueron la Xunta, la Diputación y los concellos de Sada y A Coruña.

Según esa sentencia, la escritura de compraventa fue "una fantasía total" y un negocio simulado para apropiarse de un bien que le había sido donado tres años antes en calidad del Jefe del Estado. El importe del pazo había sido sufragado con donaciones, en muchos casos forzosas, de los ciudadanos y con aportaciones de dinero público que, además costeó su mantenimiento durante los años de la dictadura.

Un año después, la Audiencia Provincial ratificó en esencia el contenido de la primera sentencia, avalando la titularidad pública del pazo, pero estableció la necesidad de indemnizar a los Franco como "poseedores de buena fe" y por los gastos de conservación del inmueble desde 1975.

La Audiencia consideró que no estaba acreditada la intervención directa de Franco en el proceso de adquisición del pazo ni tampoco el conocimiento por parte de sus descendientes de los vicios en su adquisición. Así, el concepto de “buena fe” está en el centro de la decisión que hoy va a tomar el Supremo.

Las partes consideran que la calificación de buena fe del dictador, su mujer y su hija "atenta contra las más elementales reglas de la lógica". El Estado y Sada defienden que ese conocimiento del vicio del título de propiedad se extiende hasta los nietos del dictador; la Xunta y A Coruña piden que la liquidación del estado posesorio en concepto de mala fe llegue hasta el 29 de diciembre de 2017, fecha del fallecimiento de Carmen Franco. La Diputación opta por una tercera vía y pide que se confirme el fallo de primera instancia y no se liquide el estado posesorio.