El instructor dictó el pasado 27 de noviembre el ingreso en prisión comunicada y sin fianza para ambos por entender que existía un elevado riesgo de fuga dada la proximidad del juicio y las elevadas penas que la Fiscalía y las acusaciones piden para ellos.

En su recurso, el abogado de Ábalos, Carlos Bautista, critica que el magistrado no adoptara medidas menos lesivas que la cárcel y aventura que la medida de prisión "tiene como objetivo fomentar una declaración colaborativa al estilo" de la del empresario imputado Víctor de Aldama tras su paso por un centro penitenciario.

Entiende su defensa que el instructor ha minusvalorado la "realidad de los vínculos laborales, familiares y sociales" de Ábalos y recuerda que el exministro tiene un "hijo menor que está a su cargo los fines de semana" y que el exdirigente socialista "tiene residencia fija en territorio español".

El recurso cuestiona que se haya enviado a la cárcel a un diputado sin haber valorado "la afectación" a sus derechos políticos, siendo además una medida que impacta "directamente en los derechos colectivos de los ciudadanos que lo han elegido". "La medida de prisión provisional no puede desconectarse de este impacto", añadía.

Rechaza también que el magistrado esgrima el riesgo de fuga basándose en la "presunta existencia" de inmuebles del exministro en Perú y Colombia, y dice su defensor que el argumentos "supone una ignorancia supina acerca de los instrumentos extradicionales existentes" entre esos países y España. Señala igualmente que su defendido siempre ha cumplido con las medidas cautelares que tenía impuestas de comparecencias quincenales, retirada de pasaporte y prohibición de salir de España.

Para el letrado tampoco es suficiente como argumentos "la sola gravedad del delito o la pena, ni cabe un automatismo en la decisión, tal cual parece aquí", ni invocar "la inminencia de juicio oral desconectada de un riguroso análisis de las circunstancias personales".

Además, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, anunció este martes que la comisión de investigación sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo' ha fijado para el próximo 8 de enero la comparecencia del exministro Ábalos.

FIANZA

Por su parte, en su recurso, Koldo García asegura que no tiene intención de eludir la acción de la justicia, propone que se le imponga una fianza para salir de la cárcel y considera desproporcionada la medida cautelar. El juicio al que se enfrentan ambos tiene que ver con la adjudicación de contratos para comprar material sanitario durante la pandemia.

La defensa del asesor de Ábalos sostiene que el “incremento patrimonial” que le atribuye la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no se ajusta a la realidad y es mucho menor de lo que sostienen los investigadores. Insiste, además, en que sus ingresos justifican con creces ese crecimiento patrimonial.

Del mismo modo, en el recurso de Koldo García se señala que no hay riesgo de eliminación de pruebas puesto que la investigación está prácticamente concluida. Añade que García adelantó múltiples gastos suyos y del exministro José Luis Ábalos, que con posterioridad le reintegró el PSOE. Señala, igualmente, que la declaración de dos testigos de la causa confirmó que el exasesor era “el responsable del manejo de ese dinero en efectivo procedente” del Partido Socialista.

El recurso recuerda a la Sala el "fuerte arraigo personal y familiar” de Koldo García, que tiene una hija de cinco años y que atiende a su madre de 86, que tiene una discapacidad y necesita cuidados para desenvolverse en el día a día. Y señala también que durante la instrucción de la causa siempre ha cumplido con las medidas cautelares que tenía impuestas: retirada del pasaporte, prohibición de salir del territorio nacional y comparecencias quincenales ante el juzgado.

Al cumplirse un mes de su estancia en prisión, José Luis Ábalos dio su primera entrevista desde prisión en la que negó que hubiese financiación ilegal en el PSOE mientras él era secretario de Organización. Además, también negó tener ningún tipo de pruebas de "hechos delictivos y actividades ilícitas" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.