Fuentes jurídicas aseguraron que, aunque el tribunal quiere tener una sentencia lo antes posible, la idea de lograr una redacción apoyada por los siete miembros del tribunal será prioritaria, por lo que las deliberaciones podrían alargarse.

El pasado miércoles, el Tribunal Supremo dio por concluido el juicio oral de la ‘trama mascarillas’, que se desarrolló a lo largo de 14 sesiones. Tras los informes finales y las últimas palabras de los acusados, los siete magistrados se afanarán en redactar la sentencia.

El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, mantuvo sus peticiones de pena, que alcanzan los 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo García y siete para Aldama por los delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada.

El Ministerio Público aplicó al empresario la atenuante de confesión de culpa y, pese a mantener su petición de pena, habló en su informe final de la posibilidad de aplicar una atenuante muy cualificada que supondría una pena menor, lo que impediría que Aldama entrara en prisión.

Para la Fiscalía sigue siendo válida la existencia de una "verdadera organización criminal" que funcionaba desde el Ministerio de Transportes y que, a lo largo del juicio, ha quedado avalada con "prueba de cargo abundantísima y demoledora". La cúspide de esa organización sería José Luis Ábalos.

Luzón desmontó las acusaciones de Víctor de Aldama, dejando claro que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “no era el número uno” de esa organización, “como con notable desahogo le atribuye” el comisionista.

Por su parte, la acusación popular que actúa bajo la dirección letrada del PP incrementó su petición de pena hasta los treinta años de cárcel para Ábalos y Koldo, mientras que reclamó la atenuante muy cualificada de confesión para Aldama y rebajó en cinco años su petición inicial de siete para él.

Las defensas, por su parte, piden la absolución. Su argumento principal para sembrar dudas en el tribunal se basa en que durante la vista no se han mostrado “evidencias” del cobro de comisiones, ya que no se ha encontrado el dinero supuestamente cobrado. El fiscal resta importancia a esta circunstancia porque el aumento patrimonial de Koldo García acredita que cobró y en el juicio se evidenció que sufragaba gastos del ministro sin explicación sobre el origen del dinero.