El pasado mes de abril, el Supremo rechazó aplicar la medida de manera cautelarísima y por la vía de urgencia, como había pedido la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica. La negativa se produjo sin que el tribunal escuchara siquiera a la Abogacía del Estado.

Según Haste Oír, esta “no es una regularización más, sino una vulneración grave del Estado de Derecho que desborda los límites del Ejecutivo". A su entender, este proceso “altera el cuerpo electoral del país” sin debate parlamentario y genera un “evidente conflicto de intereses para el Gobierno”, lo que hacía “imprescindible” recurrirla ante el Supremo.

El TS ha reclamado al Gobierno el expediente administrativo completo de la regularización. Los recurrentes consideran que la regularización se realiza en fraude de ley y quieren que se paralice hasta que el Supremo se pronuncie sobre el fondo de la cuestión, ya que de no hacerlo se produciría un "daño irreversible".

La asociación ultracatólica recuerda que la regularización tendrá efectos inmediatos sobre la “concesión de autorizaciones de residencia y trabajo, el alta en la Seguridad Social, el acceso a prestaciones o la suspensión de órdenes de expulsión firmes", que no podrían ser fácilmente revertidas. Por eso, Hazte Oír cree que la suspensión del proceso es “la única vía para evitar un perjuicio irreparable al erario público y a la seguridad jurídica".

El Tribunal Supremo ha preferido escuchar los argumentos de la Abogacía del Estado a favor de la regularización y los de los recurrentes en contra, porque en caso contrario, "bastaría con la entrada en vigor de una norma al día siguiente de su publicación para apreciar la urgencia" de la suspensión con una medida cautelarísima.