Así se pronuncia la Sala en un auto al que ha tenido acceso Servimedia. En él se explica que Iglesias consideró lesionado su derecho al honor por unas manifestaciones realizadas por Díaz en redes sociales y en una entrevista en TVE tras conocerse las acusaciones de varias extrabajadoras. Por ello, reclamaba una indemnización de 50.000 euros y el pago de las costas procesales.

En concreto, la vicepresidenta publicó un mensaje, en el que hablaba de “abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente”, mientras que en la citada entrevista mostró su “apoyo inmediato a las víctimas” y reclamaba que se le retirasen todas las condecoraciones, algo que, dijo, no vulneraba su presunción de inocencia.

Por un lado, el auto señala que la Sala Civil del Supremo conocerá de las demandas de responsabilidad civil de los miembros del Gobierno “por hechos realizados en el ejercicio de su cargo”.

SIN "COMPETENCIA OBJETIVA"

Sin embargo, concluye que en este caso, “las opiniones o manifestaciones controvertidas no guardan la necesaria conexión con el ejercicio de los cargos que motivan el aforamiento ni suponen una traslación a la opinión pública de las políticas propias del ministerio de Trabajo y Economía Social o de la Vicepresidencia Segunda del Gobierno”.

“Se trata de declaraciones que, si bien proceden de una persona aforada, no están protegidas por las prerrogativas establecidas”, ya que en el mensaje en sus redes sociales “actuó como ciudadana y dirigente política” y, en el contexto global de la entrevista, “en la parte controvertida se manifestó esencialmente como política feminista y dirigente de Sumar, pero no como ministra de Trabajo o vicepresidenta segunda del Gobierno”.

Es por ello que considera que “no es aplicable la regla de competencia objetiva” y señala que esta corresponde a las secciones civiles de los tribunales de instancia.