El tribunal no aprecia indicios de los presuntos delitos mencionados en la querella, que eran cohecho, encubrimiento y colaboración con terrorismo, usurpación de funciones del poder judicial y negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos con abuso de sus funciones.

Según el alto tribunal, los acuerdos alcanzados entre los dos partidos son el origen de “una controversia política, jurídica y social” que no debe ser criminalizada, puesto que se trata de un acuerdo político. Los magistrados también descartan proceder penalmente por la creación de comisiones parlamentarias para estudiar posibles casos de ‘lawfare’ o por tramitar una ley de amnistía.

Vox se querelló contra los dos líderes políticos por los delitos de cohecho, colaboración con el terrorismo, usurpación de funciones del Poder Judicial y negociaciones prohibidas a los funcionarios. El partido de Santiago Abascal pidió al Supremo que suspendiera la investidura de Pedro Sánchez de manera cautelarísima, pero el TS lo rechazó.

Entiende el Supremo que la amnistía deberá desarrollarse mediante leyes que estarán sometidas al control constitucional. Indica que el acuerdo político no entra en la órbita del Código Penal y permanece “en el campo de la responsabilidad política del legislador (que es quien, en definitiva, aprueba el texto legal) y de los promotores de la reforma”.