En su decisión, el Supremo impone las costas del procedimiento a la Comunidad de Madrid.

La decisión confirma una resolución previa del Consejo de Transparencia de la Comunidad de Madrid, que estimó la solicitud presentada por un ciudadano para acceder a las memorias anuales presentadas por Madrid Network como parte de un convenio firmado en 2011 con la Consejería de Economía y Hacienda.

La Sala concluye que la Comunidad de Madrid "no justificó suficientemente qué datos o extremos de las memorias solicitadas pueden ser susceptibles de causar perjuicios a los intereses económicos y/o comerciales de indeterminadas entidades". Añade que esos daños son “simplemente potenciales”.

El Gobierno de Ayuso impugnó la sentencia del TSJ de Madrid, que rechazó sus argumentos el pasado mes de abril. Sus argumento de entonces se centraban en que las memorias incluían información confidencial de las empresas implicadas, aunque no acreditó cuáles eran esos datos sensibles o qué perjuicio podría suponer su difusión.

El Supremo considera en su resolución que la respuesta está avalada por la jurisprudencia señalando que el acceso a la información pública solo puede limitarse con pruebas claras, concretas y proporcionales.