El Tribunal Supremo ha condenado a la Administración a facilitar a la Fundación Ciudadana Civio el código fuente de la aplicación informática Bosco, desarrollada por el Ministerio para la Transición Ecológica para que las comercializadoras eléctricas comprueben si los solicitantes del bono social cumplen los requisitos para ser considerados consumidores vulnerables.