En una sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal, se asegura que el derecho de acceso a la información pública constituye un "derecho constitucional ejercitable frente a las administraciones públicas, derivado de exigencias de democracia y transparencia".

Los magistrados destacan que este derecho "adquiere especial relevancia ante los riesgos que entraña el uso de las nuevas tecnologías en el ejercicio de las potestades públicas", especialmente cuando afectan al reconocimiento de derechos sociales.

La Sala considera que la transparencia debe permitir a los ciudadanos comprender el funcionamiento de estos sistemas informáticos y comprobar que se ajustan a la normativa, lo que puede requerir el acceso al código fuente, como ocurre con la aplicación que gestiona el bono social eléctrico.

GARANTÍAS DEMOCRÁTICAS

El tribunal argumenta que "el derecho de acceso a la información pública trasciende a su condición de principio objetivo rector" para convertirse en un derecho subjetivo "inseparablemente unido al Estado democrático y de Derecho".

La sentencia establece que la Fundación Civio tiene derecho a acceder al código fuente para verificar que las operaciones diseñadas para la concesión del bono social "se ajustan al marco normativo aplicable".

Los magistrados rechazan los argumentos de la Administración sobre propiedad intelectual, protección de datos y seguridad pública para denegar el acceso al código fuente de Bosco.

La resolución revoca las sentencias previas de la Audiencia Nacional y del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo que habían avalado la negativa a facilitar el código fuente.

TRANSPARENCIA TECNOLÓGICA

El Supremo destaca que la transparencia es especialmente importante cuando se emplean "sistemas informáticos de toma de decisiones automatizadas" que afectan a derechos sociales.

Los magistrados consideran que el acceso al código fuente es necesario para que los ciudadanos puedan conocer y comprender el funcionamiento de estos sistemas automatizados.

La sentencia establece que la transparencia debe permitir verificar que los algoritmos y procesos informáticos se ajustan a la normativa vigente que deben aplicar.

El tribunal rechaza que facilitar el código fuente pueda comprometer la seguridad o el funcionamiento de la aplicación Bosco.

PRECEDENTE JUDICIAL

La resolución sienta un importante precedente sobre el derecho de acceso a los códigos fuente de aplicaciones informáticas utilizadas por la Administración.

El fallo establece que la transparencia debe extenderse a los procesos informáticos cuando estos se emplean para tomar decisiones que afectan a derechos de los ciudadanos.

Los magistrados consideran que el acceso al código fuente es una garantía necesaria para verificar que los sistemas automatizados cumplen la normativa aplicable.

La sentencia destaca que la transparencia tecnológica es una exigencia del Estado democrático y de Derecho, especialmente relevante ante el creciente uso de sistemas informáticos en la Administración.