La Sala de Gobierno, encabezada por el presidente del Supremo en funciones, Francisco Marín Castán, mantuvo este lunes una reunión de trabajo con Bolaños en la que pidió que el refuerzo del Gabinete Técnico se haga mediante comisiones de servicio anuales y no semestrales y que se acompañe de personal administrativo de apoyo (funcionarios de auxilio y tramitación). El ministro se comprometió a mantener los 35 refuerzos actuales durante un año.

El Supremo quiere que el plan de refuerzo se mantenga por el tiempo necesario aun en el caso de que se produjera la renovación del Consejo General del Poder Judicial y se cubrieran las plazas que permanecen vacantes, dado que esta situación anómala ha provocado una importante acumulación de asuntos.

La imposibilidad legal por parte del CGPJ de realizar nombramientos discrecionales mientras se encuentre en funciones provoca que el Tribunal Supremo se encuentre hoy sin presidente ni vicepresidente titulares y con un total de 25 vacantes en sus Salas, lo que representa el 31,25 % de su plantilla.

La Sala de Gobierno también manifestó al ministro su preocupación por la falta de estabilidad de la plantilla y a las dificultades para la cobertura de plazas vacantes, derivada de las condiciones económicas en el Tribunal Supremo.

El personal funcionario, señaló, está mejor retribuido en cualquier órgano judicial de las comunidades autónomas con las competencias transferidas en materia de Justicia y, especialmente, en los Juzgados de Instrucción, donde se cobran las guardias.

Esta situación se extiende a los letrados del Gabinete Técnico, cuya retribución salarial anual neta es muy inferior a la de los de órganos constitucionales como el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional. A esto se añade la desigualdad salarial entre letrados coordinadores en función de su cuerpo de origen, ya que los de procedencia no judicial no perciben el mismo complemento de destino.

En este sentido, la Sala de Gobierno estima necesaria la aprobación de la Ley del Estatuto del Gabinete Técnico del alto tribunal, un mandato de la Ley Orgánica del Poder Judicial desde el año 2015. Para solucionar estos problemas, reclaman estímulos económicos y profesionales que hagan del Tribunal Supremo un destino atractivo para letrados y funcionarios, modificando el sistema de acceso de estos últimos, que en la actualidad se basa solo en criterios de antigüedad.

El Supremo reclama, igualmente, un equipo propio de Informática que haga posible la asistencia inmediata ante cualquier incidencia. En la actualidad, el servicio de informática del tribunal está dotado de poco personal y, para solventar cualquier problema, es preciso abrir una incidencia en el Centro de Atención al Usuario (CAU) y esperar la respuesta de este, lo que puede demorar la resolución de situaciones urgentes.