El Alto Tribunal señala que para exigir responsabilidad a la Administración debe darse una falta de información al paciente sobre los riesgos de la intervención, que el centro sanitario haya empleado una técnica incorrecta o que la lesión fuese producida por alguna otra circunstancia que se diera en el quirófao durante la operación.

El Supremo entiende que en este caso no se da ninguna de estas condiciones y afirma que la actuación de los médicos vino "forzada por la voluntad de la paciente", quien, pese a haber sido advertida de los riesgos de paraplejia o muerte que conllevaba la operación, "insistió y solicitó la intervención", estando los padres presentes.

El Alto Tribunal considera probado que, aunque no quede constancia escrita, padres y enferma consintieron, delante de los médicos, en realizar a operación, por lo que dieron su autorización, pese a las recomendaciones en contra.

Los padres de la joven solicitaron una indemnización por la lesión medular y paraplejía que le produjo la intervención, realizadas en el Hospital Gómez Ulla de Madrid, petición que fue denegada en su día por el Tribunal Superior de Justicia de la capital y ratificada ahora por el Supremo.