Según la comunicación del Alto Tribunal, la Sección Quinta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha decidido "no adoptar la medida cautelar solicitada por la Generalitat Valenciana y la Comunidad Autónoma de Aragón, consistente en la suspensión de la ejecutividad del Real Decreto impugnado", y se remite a las decisiones ya tomadas en mayo contra los recursos que presentó la Comunidad de Madrid y Vox.

En concreto, sobre el planteamiento de la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la Sala -todos de acuerdo y sin votos particulares- entiende que, "atendidas las alegaciones de las partes, una vez acordada la no suspensión en los presentes autos, no resulta pertinente el planteamiento de dicha cuestión en este momento procesal".