La querella, dirigida tambien contra el ministro de Asuntos Exteriores británico, Robin Cook y el comandante del submarino nuclear fondeado hasta tres días en Gibraltar, fue presentada el pasado 31 de enero por la Plataforma Ciudadana contra el "Tireless", que acusaba a los demandados de un delito contra la seguridad colectiva, otro contra el medio ambiente y un tercero de traición.

En una resolución fechada el pasado 26 de marzo, los magistrados del Tribunal Supremo consideran que no existen indicios de que los querellados atentasen contra la seguridad colectiva, en su modalidad de delito rlativo a la seguridad nuclear y a la radiaciones ionizantes, ni de que actuasen contra los recursos naturales y el medio ambiente.

En cuanto al delito de traición, el Alto Tribunal recuerda que esta acusación sólo puede ser planteada por una cuarta parte de los miembros del Congreso de los Diputados y aprobada por la mayoría absoluta del mismo, tal y como establece la Constitución Española.

Los magistrados señalan que, aunque la ley atribuye a los tribunales el control de la potestad reglamentari y la legalidad de la actuación administrativa, no se puede decir que existe una primacía del judicial sobre el resto de los poderes del Estado. En este sentido, recuerdan que son las Cortes Generales, que representan al pueblo español, las que "controlan la acción del Gobierno"·

"La Constitución Española no consagra, en manera alguna, un hipotético 'gobierno de los jueces', de suerte que vendría a ser un fraude constitucional que alguien pretendiese, mediante el ejercicio de la acción penal y la puesa en marcha de un proceso de la misma naturaleza, corregir la dirección de la política interior o exterior que la Carta Magna enconmienda al Gobierno democráticamente legitimado", dicen los magistrados.