En una providencia, la Sala argumenta al respecto que, conforme al artículo 325 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no concurren “razones de utilidad, seguridad o de orden público”, ni tampoco se perturba el adecuado ejercicio del cargo profesional desempeñado.

Por tanto, la resolución indica que no ha lugar a las peticiones de prestar declaración por escrito ni por videoconferencia, ni desde los Juzgados de su domicilio como interesaban el expresidente de Renfe Isaías Táboas, o el exjefe de Gabinete del exministro Salvador Illa, Víctor Francos; ni desde su despacho oficial, como lo hacían la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, y el director general de la Policía, Francisco Pardo.