Una vez enviada la documentación, queda en manos del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional decidir sobe la imputación de Pardo de Vera, que no tiene porqué ser investigada en el Supremo al no ser aforada.

Puente ha tomado esta decisión tras recibir los documentos elaborados por las dos empresas públicas que contrataron a Rodriguez, Ineco y Tragsatec, y los informes de Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre este asunto. También se ha remitido la declaración de Jessica Rodríguez como testigo ante el Supremo.

La Audiencia Nacional tendrá que decidir ahora si la que fuera presidenta de Adif tuvo participación en la contratación de la expareja de Ábalos y, en su caso, citarla a declarar como investigada.

El magistrado considera que hay indicios suficientes de que Isabel Pardo de Vera “habría podido tener una relevante participación en la que se presenta como posiblemente irregular y caprichosa contratación por sendas empresas públicas de una persona escogida libérrimamente por el Sr. Ábalos Meco, quien habría contado para ello con la relevante participación del también investigado en esta causa Sr. García Izaguirre, sin que, además, aquélla, durante el período en el que estuvo contratada, desplegara actividad laboral alguna. Resultan, en este sentido, particularmente reveladoras las comunicaciones mantenidas entre doña Isabel y don Koldo con este motivo, cuya descripción se contiene en el referido informe de la UCO".