Así lo informó el magistrado Leopoldo Puente en un auto al que ha tenido acceso Servimedia, en el que vuelve a citar para que declaren a Ábalos y Koldo García porque, a su juicio, el documento de la UCO "viene a profundizar los indicios de criminalidad que ya constaban" en la causa que investiga, que "pudieran haber mantenido entre sí métodos no transparentes de comunicación" de sus respectivos patrimonios, "recibiendo indistintamente ingresos irregulares y opacos de diversa procedencia, eventualmente fruto de la comisión" del amaño de adjudicaciones de contratos públicos.

"Todo ello determina la necesidad de que ambos sean llamados a presencia del instructor al efecto de que les sea recibida nueva declaración en calidad de investigados, lo mismo sobre estos aspectos que sobre los elementos ya obrantes en las actuaciones, acordándose después lo que resulte procedente", añade el auto.

El magistrado incide en que "resultan consistentes indicios, a partir de la documentación recabada en esta causa especial y analizada por la fuerza actuante, de que entre los patrimonios de los investigados Sres. Ábalos Meco y García Izaguirre podrían existir significativas zonas de intersección, de tal modo que este último vendría haciéndose cargo regularmente de pagos que corresponderían al primero (tales como la pensión alimenticia de uno de sus hijos, nóminas de su empleada doméstica, regalos efectuados por éste a sus amistades, cuotas hipotecarias de un inmueble copropiedad del Sr. Ábalos Meco, viajes y otros gastos personales realizados por orden de éste, etc.), alcanzando dichos pagos un importe verdaderamente significativo en términos económicos".

Sin embargo, en la resolución del auto, agrega que "del análisis de las cuentas bancarias del Sr. Ábalos Meco no resulta la existencia de contrapartidas en favor del Sr. García Izaguirre que pudieran compensar la realización de dichos gastos, en principio, enteramente ajenos a la responsabilidad de éste. De ese modo, indiciariamente resulta que, o bien el Sr. García Izaguirre realizaba dichos pagos, en provecho y beneficio del Sr. Ábalos Meco, sin contrapartida explícita alguna; o bien el Sr. Ábalos le habría devuelto a aquél las cantidades adelantadas en dinero metálico o de otro desconocido modo".

Además, sobre el exministro señala "que el investigado pudiera haberse beneficiado de alguna fuente irregular de ingresos, lo que se compadecería con las recepciones ilícitas de dinero en metálico que indiciariamente se le atribuyen en esta causa especial y con la circunstancia de que dichas cantidades de dinero le fueran entregadas para ambos al Sr. García Izaguirre, por un tercero o por varios, quien después, de un modo u otro, asumiría una significativa parte de los gastos correspondientes al Sr. Ábalos Meco".

En el informe, cuyo contenido se conoció el pasado viernes y al que tuvo acceso Servimedia, la UCO indicó que, "de acuerdo con la información aportada por el PSOE, entre los años 2017 y 2021, Ábalos percibió liquidaciones de gastos, tanto por transferencia bancaria como en efectivo". En concreto, aludió a "un resumen mensual de los pagos realizados por caja, por un importe de 19.638,97" euros.

El informe recoge que, de las conversaciones entre Koldo García y su entonces mujer Patricia Uriz, se "ha corroborado que parte de estas liquidaciones se entregaron en efectivo mediante sobres recogidos en la sede del PSOE, en la calle Ferraz".

La UCO concluyó que el análisis conjunto de la documentación aportada por el PSOE, frente a las evidencias, recogidas en las grabaciones y en los whatsapp, establece "una correlación entre los mensajes que apuntan a entregas de dinero y las liquidaciones de gastos registradas".

RECHAZA LA PERSONACIÓN DE MONTES

El magistrado también rechazó hoy la personación de Claudia Montes como acusación popular en la causa abierta al exministro José Luis Ábalos, entre otros, por varios delitos. En otra providencia a la que ha tenido acceso Servimedia, el juez consideró que Montes no concreta los hechos de los que constituyen el objeto de la causa que podría ser considerada como posible víctima o perjudicada, en los términos precisos para que pudiera ser tenida por acusación particular.