TABAJADORES DE RUBBER SPORT SE ENCIERRAN EN EL AYUNTAMIENTO DE AGREDA (SORIA)
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Los trabajadores de la empresa navarra Rubber Sport en Agreda (Soria) iniciaron esta mañana un encierro en el Ayuntamiento de esta localidad para solicitar de la dirección que les informe sobre el futuro de la factoría.
A consecuencia de este encierro, uno de los empleados, Ricardo Izquierdo Sánchez, abandonó la huelga de hambre que mantenía en el interior de la fábrica desde hace una semana
La empresa, dedicada a la fabricación de suelas de zapatos, tiene previsto el día 26 ratificar en su asamblea de accionistas la suspensión de pagos que acordó el consejo a mediados del mes de febrero. La fábrica de Agreda lleva una semana sin fluído eléctrico, lo que obligó a paralizar la producción.
CCOO, único sindicato con representación en el comité de empresa, presentó esta mañana 72 demandas de reclamación que instan al juzgado de los social que embargase a la sociedad. La deuda con los trbajadores se eleva a 35 millones de pesetas.
Por otra parte, un retén de seis empleados permanece en la puerta de la fábrica para impedir la salida de la maquinaria.
El presidente del comité de empresa, Julio Ruiz Cacho, señaló a Servimedia que mantendrán el encierro hasta que el consejo de administración les de una respuesta satisfactoría sobre el estado financiero de la sociedad y presente un plan de viabilidad aceptable para ellos.
Fuentes sindicales aseguraron que el Gobierno de Navarra ompró, por una cantidad simbólica, la participación de la sociedad con sede en Aoitz (Navarra) al accionista mayoritario, Esteban Solano.
Además, entre los trabajadores comenzó a circular la opinión de que se están produciendo "presiones de grupos abertzales" para que los propietarios abandonen la factoría soriana.
La Junta de Castilla y León concedió un aval de 130 millones de pesetas, cuya cantidad no ha sido satisfecha por la empresa. Su delegada territorial, Encarnación Redondo, manifestó quela empresa "no tiene interés en cobrar el aval".
Según el presidente del comité de empresa, Julio Ruiz Cacho, la Junta "no está haciendo todo lo que se puede hacer", pues "debería haber exigido el mantenimiento del empleo".
(SERVIMEDIA)
08 Mar 1993
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