Según informaron fuentes jurídicas, la magistrada sostiene que “nos hallamos ante una conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la integridad territorial de España".

Tardón indica que la unidad del país "está garantizada en el artículo 2 de la Constitución, utilizando para ello la entrada masiva en nuestro país, a la que se han unido flujos migratorios irregulares que han afectado gravemente a la vida y a los derechos de los ciudadanos de Ceuta”.