El Constitucional aprecia que en este caso concurre una especial trascendencia constitucional porque el recurso de amparo plantea un problema o afecta a un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este Tribunal y porque el recurso puede dar lugar para aclarar o cambiar su doctrina, como consecuencia de un cambio en la doctrina de los órganos de garantía encargados de la interpretación de los tratados y acuerdos internacionales a los que se refiere el artículo 10.2 de la Constitución.

La cuestión planteada se refiere a la infracción del derecho a la integridad física y de la tutela judicial efectiva. La reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado tiene su base en la denuncia de la recurrente de amparo ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas y que éste apreció que existían indicios razonables de tratos inhumanos o degradantes que no habían sido disipados por el Estado parte.