El Defensor del Pueblo alega en su demanda que el citado precepto podría vulnerar el libre desarrollo de la personalidad (artículo 10.1 de la Constitución) y el derecho a la intimidad personal (artículo 18.1 de la Constitución) de las personas transexuales menores de edad.

El inciso impugnado dice que las personas trans menores de edad “para iniciar el tratamiento farmacológico contarán con el apoyo y acompañamiento de profesionales de la salud mental, infanto-juvenil, mantenido durante todo el proceso y en el caso de que existiera comorbilidad será imprescindible un informe favorable del profesional que esté tratando al menor en dichas patologías”.