La Sala Primera del Tribunal (TC), en diálogo con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha aprobado por unanimidad una sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Ricardo Enríquez Sancho, en la que se fija doctrina sobre dos cuestiones especialmente relevantes dentro del marco de garantías que debe rodear la investigación judicial de un posible delito de homicidio, y sobre el derecho de los familiares de la víctima a estar informados del procedimiento y de su eventual cierre.