La sentencia resuelve así los recursos interpuestos po la Xunta de Galicia y por el Grupo Parlamentario Popular, declarando que la norma no altera las reglas de competencia del Estado y de la Comunidades Autónomas, en esta materia.

Así, según el TC, la norma incide en inconstitucionalidad al haberse regulado esta materia en una Ley de Presupuestos, vulnerando el artículo 34.2 de la Constitución Española, dado que no guarda relación directa con previsiones de ingresos o gastos o con criterios de política económica, que es el contenido propio de una Ley dePresupuestos.