El pasado 16 de enero, el TC estableció que la condena de cárcel e inhabilitación de Alberto Rodríguez por pegar una patada a un policía en 2014 fue desproporcionada, estimando el recurso del exdirigente de Podemos conta la decisión del TS, que terminó sustituyendo la condena de mes y medio de prisión por una multa, pero manteniendo la inhabilitación especial para presentarse a unas elecciones.

Por tanto, Rodríguez no entró en la cárcel, pero perdió su escaño en el Congreso de los Diputados. La mayoría progresista del TC entiende que su condena de cárcel de mes y medio no tendría que haberse impuesto, con la consecuencia de la inhabilitación, sino directamente una multa, que no habría desembocado en la pérdida del escaño.

La sentencia del TC avala las pruebas que sirvieron para condenarle –el testimonio del policía pateado y un parte médico basado igualmente en su testimonio–, pero criticaba que se le mantuviera una pena de cárcel de mes y medio, obligatoriamente sustituible por una multa, con todas las consecuencias sobre su inhabilitación. La consecuencia es que la alusión de la condena de cárcel desaparecerá del fallo de su sentencia y, con ella, "la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo”, manteniendo la multa que ya pagó.

Así las cosas, el Constitucional amparó a Rodríguez al considerar que el Supremo actuó de manera incorrecta al sustituir la pena de cárcel por multa, lo que hacía imposible mantener la pena accesoria de inhabilitación.

Ahora, todo apunta a que el TC va a volver a decidir a favor de Rodríguez en el segundo recurso que el exdiputado de Podemos interpuso por la retirada de su acta de diputado, por lo que previsiblemente el Pleno del 30 de enero decidirá a su favor en el recurso contra Batet por retirarle el acta.

Aunque Rodríguez logre el amparo del TC no podrá recuperar su acta puesto que la legislatura ya está concluida, pero podrá reclamar más de 100.000 euros por los sueldos como diputado que dejó de percibir. El exdiputado dejó de cobrar desde el 22 de octubre de 2021, un año y siete meses antes de acabar la legislatura. Su sueldo más los complementos por pertenecer a comisiones parlamentarias suman cerca 120.000 euros.

En la primera sentencia los cuatro magistrados conservadores del Tribunal Constitucional, Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, César Tolosa y Concepción Espejel, presentaron un voto particular en contra de la estimación del recurso y es previsible que esta vez vuelvan a votar en contra.