Según Gesthas, aunque se limite a ajustar el IRPF de los tres primeros tramos de la escala del IRPF y de los mínimos personales y familiares en Andalucía, esta medida afectará a todos los declarantes, por lo que supone “un menoscabo de la recaudación de las personas que declaran bases por encima de 35.200 euros, casi el 18% de los andaluces con mayores rentas, que se verían beneficiados con el 39% de la rebaja fiscal, con casi 50 millones de euros”.

Por el contrario, los técnicos apuntaron que la deflactación de los tres primeros tramos de la escala del IRPF y de los mínimos personales y familiares en Andalucía no afectará a 1.185.562 contribuyentes que presentaron la declaración, el 31,22% de los declarantes, con ingresos por debajo de 12.000 euros, ni tampoco a otros 1.659.970 de andaluces que no declaran por la baja cuantía de sus salarios, pensiones o prestaciones por desempleo.

Por ello, los técnicos de Hacienda, aunque respaldan parcialmente la medida del IRPF para evitar que los contribuyentes “deban pagar más impuestos sin haber incrementado su poder adquisitivo como consecuencia de la inflación”, sugieren al Gobierno de Andalucía que complemente la medida con un aumento correlativo del IRPF para las personas de los dos últimos tramos para “evitar una pérdida de la progresividad de quienes más ganan, y apruebe ayudas públicas para los 2,8 millones de andaluces que no se verán beneficiadas con esta medida”.

Por el contrario, rechazaron la supresión del impuesto sobre el Patrimonio en Andalucía, ya que causará una pérdida de 93,3 millones en las arcas públicas.

Los técnicos destacaron que los 18.997 andaluces que más tienen, el 0,35% de todos los que obtienen rentas, declararon en IRPF ingresos medios de 138.495 euros anuales y contaban con un patrimonio medio de 2,7 millones, pagando 5.561 euros de media por este patrimonio.

En este sentido, recordaron que el FMI se ha pronunciado en tres ocasiones recientes “a favor de una mayor contribución de quienes más tienen y ganan” y explicaron que tras la crisis de la pandemia, el organismo internacional propuso que "los gobiernos deben tomar medidas para mejorar el cumplimiento tributario y evaluar la aplicación de impuestos más altos para los grupos más acaudalados y las empresas más rentables", que tendrían que contribuir a pagar servicios críticos como las redes de salud y protección social en una crisis “que afectó de manera más intensa a los segmentos más pobres de la sociedad”.

Gestha considera preferible “reforzar la lucha contra la economía sumergida y el fraude fiscal, y fortalecer el control del gasto público”.