Dicho acuerdo debería recoger los tres informes de los grupos de expertos que se han sucedido de 2014 a 2022. Estos documentos coinciden en señalar que los impuestos estatales cedidos a las comunidades de régimen común para su financiación -como el Impuesto sobre el Patrimonio- deben tener una horquilla mínima y máxima de tributación en el que se circunscriba la potestad tributaria de cada gobierno autonómico.

De este modo, se preservaría “un nivel mínimo de equidad e igualdad de los contribuyentes con independencia de su lugar de residencia”. La organización se alinea así con la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, quien esta mañana se ha pronunciado en el mismo sentido.

Cabe recordar que este nuevo impuesto, que fue una de las novedades fiscales para este año, en principio solo está vigente en 2023 y 2024, y afecta a los patrimonios netos superiores a 3 millones de euros que no pagan el Impuesto sobre el Patrimonio por las deducciones fiscales de cada comunidad autónoma.

El Gobierno impulsó esta medida después de que la Junta de Andalucía decidiese bonificar al 100% el Impuesto sobre el Patrimonio desde este año, aunque la enmarcó en la crisis derivada de la guerra de Ucrania.

MATIZ EN LA NORMA

La nueva figura fiscal nació con el objetivo de recaudar el importe que deberían pagar los contribuyentes por el Impuesto sobre el Patrimonio si no estuviese gravado por su comunidad autónoma. Así las cosas, la vocación del gravamen era recaudar el 100% del importe declarado en Patrimonio en Madrid y Andalucía, y el 50% en Galicia.

Sin embargo, en la redacción de la norma, el Ejecutivo permitió que los contribuyentes residentes en estas regiones pudieran restarse del importe a pagar lo que hubiesen tenido que abonar por Patrimonio –aunque realmente no lo hubiesen satisfecho–. En concreto, si la suma de los impuestos pagados –IRPF, Patrimonio y Grandes Fortunas– superaba en un 60% los ingresos del contribuyente, podrían tener derecho a una rebaja de hasta el 80% en la cuota a pagar por el nuevo impuesto.

Esto explica que la recaudación total por el Impuesto de Solidaridad de Grandes Fortunas haya ascendido solo hasta los 623,6 millones de euros, frente a los 1.500 millones que el Gobierno se marcó como objetivo. No obstante, desde Hacienda defendieron que, si se suma el Impuesto sobre el Patrimonio, la cifra supera los 1.868 millones de euros en 2023, un importe que encajaría "con el potencial recaudatorio" previsto.

EL 89% PROCEDE DE MADRID

Como se anticipaba, la mayor parte de los contribuyentes del Impuesto de Solidaridad de Grandes Fortunas residieron en comunidades autónomas que han renunciado a recaudar el Impuesto sobre el Patrimonio. Así, de los de los 12.010 declarantes, la mayoría correspondieron a grandes patrimonios de Madrid (10.302 contribuyentes), que aportaron 555 millones de euros.

Les siguieron los contribuyentes de elevado patrimonio de Andalucía (865), que satisficieron 29,7 millones; y los grandes patrimonios de Galicia (91), con una cuota a pagar de 9,8 millones.