El conjunto del grupo contabilizó un pago total al fisco en los países en los que estuvo presente a lo largo de 2025 de 7.472 millones, de los cuales 2.360 millones correspondieron a impuestos soportados y 5.112 millones de euros procedieron de impuestos recaudados en el ejercicio. Estos pagos incluyeron impuestos sobre sociedades, tasas locales, contribuciones a la Seguridad Social y otras obligaciones fiscales nacionales y regionales, así como aquellos que la compañía recaudó a terceros para entregarlos al organismo fiscal correspondiente.

Los 7.472 millones de 2025 están por debajo de los 8.447 millones de 2024 (2.583 millones en impuestos soportados y 5.864 millones en recaudados), pero hay que tener en cuenta que en ese ejercicio Telefónica estaba operativa en mercados latinoamericanos en los que ha ido desinvirtiendo en 2025 y 2026.

UNO DE CADA CINCO EUROS

La compañía destinó en el primer año de mandato de Marc Murtra en la presidencia 21,3 euros de cada 100 euros de ingresos al pago de impuestos en 2025, frente a los 20,4 euros de 2024, “reafirmando su papel como uno de los principales contribuyentes fiscales en los mercados donde desarrolla su actividad”, según informó este viernes la cotizada en un comunicado.

“El grupo consolida así su compromiso con una gestión tributaria responsable, transparente y alineada con los estándares internacionales más exigentes, y lo conjuga con su propósito de asumir el reto indiscutible de convertirse en la mejor vía de acceso de los ciudadanos a las tecnologías digitales”, añade la tecnológica.

Por lo que se refiere a los principales mercados, aparte de los 3.043 millones de euros al pago de impuestos en 2025 en España, Telefónica desembolsó a la hacienda pública de Brasil 2.207 millones de euros y 1.224 millones por su filial de Alemania.

Telefónica subraya que mantiene un firme compromiso con la sociedad más allá de su actividad empresarial. “En este contexto, la transparencia fiscal es un componente esencial de su estrategia de ESG como parte de su contribución al desarrollo de los países en los que opera y a la construcción de ecosistemas digitales más inclusivos”.

Según la compañía, su gobernanza fiscal, supervisada por el Consejo de Administración, garantiza procesos auditables, sólidos mecanismos de control interno y una comunicación transparente con los reguladores y la sociedad.

De hecho, la compañía fue una de las 45 compañías que presentaron voluntariamente el Informe de Transparencia en 2024 ante las autoridades fiscales en España.