El diputado socialista Francisco Fernández Marugán ha presentado esta misma mañana en el Registro del Congreso una serie de preguntas para que el Gobierno informe por escrito acerca de su conocimiento del uso de este sistema retributivo en la compañía Telefónica.

Concretamente, quiere saber si los consejeros nombrados por el Gobierno y no esados por el Consejo de Ministros del 29 de enero de 1997 participaron en el Consejo de Administración de Telefónica en el que se discutieron o aprobaron los planes de opciones sobre acciones.

Asimismo, pregunta al Gobierno si autorizó las operaciones de ventas de activos realizadas por la compañía en el periodo 1996-1999 y, más especialmente, la venta de la filial de cables submarinos y la compra de acciones para la autocartera que se ponen al servicio de los planes de opciones sobre acciones acordaos por el Consejo de Administración de dicha compañía.

Fernández Marugán se interesa también por la posición que mantuvo en ese Consejo de Administración Valentín Sanz Caja, entonces delegado del Gobierno en la compañía.

También pregunta al Ejecutivo si la Junta General de Telefónica aprobó, y en qué términos, los planes de opciones sobre acciones y el sistema de incorporación a los estatutos de la compañía de esta modalidad de retribución de sus directivos y de los consejeros que son directivos.TERRA

El diputado socialista quiere que el Ejecutivo informe sobre la adecuación del Reglamento del Consejo de Administración de Telefónica y de Terra a las normas del Código del Buen Gobienro emitidas por la Comisión Olivencia.

En este mismo sentido, le pide que informe sobre las operaciones de adquisición de empresas realizadas por Terra entre junio y noviembre de 1999 y sobre todos los aspectos de la compra de Olé por esta compañía. Finalmente, Fernández Marugán pide datos del contrato suscrto en marzo de 1999 entre Terra, Telefónica y McKinsey.

En su exposición de motivos, Fernández Marugán considera que lo conocido hasta ahora acerca de las "stock options" de Telefónica es sólo "la punta del iceberg" de lo sucedido en la compañía desde que fue nombrado presidente Juan Villalonga.

En opinión del diputado, "no es sólo evidente sino obligada" la necesidad de que el Congreso tenga información sobre este asunto "en defensa de la ética que es debida en una compañía privatizada a escasasfechas del acuerdo por el que se establecen las opciones sobre acciones".