En coincidencia con los argumentos de la defensa, criticó ese registro del que dijo que se llevó a cabo "como si se tratara de perseguir delitos tan graves como los terroristas", cuando únicamente se buscaba un correo electrónico entre un abogado y un fiscal.

“Toda la prueba que se esgrime contra el fiscal general deriva de esa entrada y registro en la que se vulneran todos los derechos de la Fiscalía a su labor profesional” y que tuvo una “aberrante duración” y que, a su juicio, no puede sustentar la acusación.

La Fiscalía también señaló que el tribunal que está juzgando a García Ortiz está integrado por los mismos jueces que formaban parte de la sala de admisión de la querella: Manuel Marchena, Antonio del Moral, Juan Ramón Berdugo, Carmen Lamela y Susana Polo. Los dos únicos magistrados no han intervenido en ningún asunto relacionado con esta causa son el presidente, Andrés Martínez Arrieta, y Ana Ferrer.

Por su parte, las acusaciones se han opuesto a las impugnaciones de la Abogacía del Estado y la Fiscalía. Calificaron la instrucción del juez Hurtado de “modélica” y negaron que se haya realizado una investigación prospectiva y respaldaron el registro del despacho del fiscal general.

El abogado que ejerce la acusación popular en nombre de los fiscales de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) también avaló la instrucción del juez Hurtado porque “no ha podido ser más pulcra”. También impugnó los argumentos de nulidad el letrado que representa al Colegio de la Abogacía de Madrid, que ejerce la acusación popular.