Así lo reivindicó en un comunicado en el que destacó la “importancia” de esta norma como “hito” legislativo en el “reconocimiento” del “papel esencial” que desempeñan las entidades sociales en la promoción de los derechos y la cohesión social.

“Sin embargo, diez años después de su entrada en vigor, la mayoría de los desarrollos normativos previstos en la ley siguen pendientes, lo que impide que el Tercer Sector pueda contar con los instrumentos adecuados para ejercer su labor con plena seguridad jurídica y respaldo institucional”, lamentó la plataforma.

A este respecto, recordó que la ley, aprobada hace diez años con “amplio consenso parlamentario”, establecía medidas de “impulso y apoyo” desde los poderes públicos, “muchas” de las cuales debían “concretarse” mediante desarrollos normativos “específicos”.

“Hasta la fecha, solo se ha aprobado el decreto que regula la Comisión de Diálogo Civil y otras disposiciones clave, como la regulación de las entidades colaboradoras, se encuentran aún en fase de consulta pública”, abundó, al tiempo que indicó que, además, el inventario estatal del Tercer Sector o el programa de impulso “no han sido desarrollados”, así como el reglamento de la Ley del Voluntariado.

En este contexto, llamó al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a que “reactive con urgencia” los desarrollos normativos “pendientes”.

Esta demanda ha sido planteada de forma “reiterada” por la plataforma en el marco de la Comisión para el Diálogo Civil, como parte del “compromiso institucional por avanzar en el reconocimiento y fortalecimiento del Tercer Sector”.

En paralelo, recordó que el desarrollo “pleno” de esta ley es “esencial” para “garantizar una respuesta eficaz y equitativa ante los retos sociales, económicos y climáticos que enfrenta la sociedad”.

Junto a ello, quiso “reafirmar” su “compromiso” con el “diálogo institucional” y con la construcción de un marco normativo que permita a las entidades sociales “seguir avanzando en su misión de defensa de los derechos, la inclusión y la justicia social”.

SOSTENIBILIDAD

Además, la Plataforma del Tercer Sector subrayó la importancia de contar con un marco de financiación “estable, suficiente y garantizado” que permita a las entidades sociales planificar a largo plazo y aumentar su impacto social.

Mientras se avanza hacia ese objetivo, propone aumentar del 0,7 al 1% la asignación tributaria del IRPF y del Impuesto de Sociedades destinada a fines sociales y reclama la renovación “urgente” del modelo mixto de distribución de la recaudación vigente desde 2021, que establece un reparto del 80% gestionado por las comunidades autónomas y un 20% correspondiente al tramo estatal.

“La continuidad de este modelo, que expira a finales de 2025, es esencial para garantizar la sostenibilidad de las entidades sociales en todo el territorio y para mantener una política pública eficaz, justa y solidaria”, sentenció.