Así lo advirtió en un comunicado en el que precisó que la labor de las entidades sociales se basa en “principios ampliamente compartidos” en el marco legal español y europeo, como son la defensa de los derechos humanos, la igualdad de trato, la dignidad de las personas y la cohesión social.

“Un trabajo contrastado, profesional y evaluado, que se desarrolla desde hace años en colaboración con las administraciones públicas y que ha demostrado generar impacto social positivo en todos los territorios”, abundó.

El Tercer Sector en España constituye, además, un “pilar clave” en la sociedad y la economía española. Representa en torno al 3% del PIB, genera el 1,3% del empleo y realiza cerca de 48 millones de intervenciones directas al año, contando con la implicación de 4 millones de personas voluntarias.

“Este alcance y capacidad de acción reflejan su papel esencial en la atención a millones de personas y en el fortalecimiento del tejido social”. Asimismo, la plataforma destacó que muchas de estas entidades desarrollan una labor fundamental en el ámbito de la cooperación internacional, contribuyendo a la defensa de derechos y al desarrollo sostenible en otros países.

"CUESTIONAR O DESLEGITIMAR·"

La Plataforma advirtió de que “cuestionar o deslegitimar” la acción de las organizaciones sociales especializadas o introducir “enfoques excluyentes” en las políticas públicas supone un riesgo para la atención a las personas vulnerables.

A su juicio, ello también debilita los sistemas de protección social y la convivencia.

La Plataforma del Tercer Sector reitera su disposición al diálogo constructivo y a la colaboración con las instituciones desde el respeto al marco constitucional y a los compromisos internacionales asumidos por España.

“La protección de los derechos y la atención a las personas en situación de vulnerabilidad deben seguir siendo un eje central de las políticas públicas, garantizando una sociedad más justa, cohesionada y comprometida con la dignidad de todas las personas”, resolvió.