Así lo reclamó tras reunirse con la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, para analizar las medidas del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 orientadas a garantizar el acceso a una vivienda "digna y adecuada" para las personas en situación de vulnerabilidad social y económica, según precisó la plataforma en un comunicado.

Su presidente, Luciano Poyato, explicó en dicho encuentro que las entidades sociales trabajan “a diario junto a las personas y familias más afectadas por la crisis habitacional” y expresó su “preocupación” porque la vivienda se ha convertido, a su juicio, “en el principal agujero del Estado del bienestar y en un determinante directo de la pobreza y la exclusión social”.

Por eso, a su entender, las políticas de vivienda deben orientarse a “la promoción de vivienda social, la rehabilitación del parque existente, la reserva efectiva de suelo público y la penalización de la vivienda vacía”.

En este contexto, destacó que “más de 4,6 millones de hogares en España enfrentan dificultades para acceder y mantener una vivienda digna” y que la “mayoría” de quienes viven de alquiler “están en riesgo de pobreza y una gran parte de los inquilinos destinan más del 40% de sus ingresos al pago de la vivienda”.

“Esta situación, agravada por el aumento de los precios del alquiler frente a unas rentas que no crecen al mismo ritmo, genera una precariedad residencial que no podemos ignorar”, apostilló.

DERECHO

Por este motivo, la plataforma y sus entidades miembro han realizado varias aportaciones y propuestas al Plan Estatal de Vivienda, entre las que sobresalen la necesidad de considerar la vivienda “no solo como un bien económico, sino como un derecho humano y social básico, estrechamente vinculado a la salud, la educación, el empleo y la igualdad de oportunidades", tal y como señaló la directora ejecutiva de la Plataforma del Tercer Sector, María José Juanes.

Junto a ello, también se planteó la incorporación de ayudas complementarias ligadas al Ingreso Mínimo Vital y otras prestaciones sociales, así como la asignación de al menos un 40% de la financiación del Plan al incremento del parque de vivienda social y asequible, reservando una parte para vivienda de emergencia social.

Además, la plataforma propone “reforzar” las ayudas al alquiler y la emancipación, con “especial atención” a jóvenes, familias monoparentales y a la infancia en situación de pobreza.

En paralelo, ha solicitado la creación de un mecanismo estable de participación del Tercer Sector en la gobernanza, seguimiento y evaluación del Plan Estatal de Vivienda.

En la reunión también participaron el vicepresidente de Derechos Sociales, Transición Justa e Internacional y presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en España, EAPN-ES, Carlos Susías; la vicepresidenta de Igualdad y Transformación Digital y vicepresidenta de Igualdad, Recursos Humanos, Cultura Institucional e Inclusión Digital de la ONCE, Patricia Sanz; el vicepresidente de Diversidad, No Discriminación y Justicia Intergeneracional y presidente de la Plataforma de Infancia, Carles López y la directora ejecutiva de la Plataforma del Tercer Sector, María José Juanes Burgos.

Tras la reunión, la Plataforma del Tercer Sector reiteró su “plena disposición” a “colaborar” con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para que el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 sea “un instrumento eficaz, inclusivo y con impacto real sobre las personas que más lo necesitan”.