Así lo reivindicó en un comunicado en el que lamentó que el Congreso haya dejado caer el paquete de medidas del escudo social, entre las que se encontraba la moratoria antidesahucios para familias en situación de vulnerabilidad y la garantía de suministros básicos.

“Estas decisiones tienen un impacto directo en hogares que ya viven al límite y que ahora quedan expuestos a situaciones de extrema fragilidad”, advirtió.

En este contexto, el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, señaló que “las personas en situación de vulnerabilidad no deben quedar expuestas a estrategias de confrontación ni verse utilizadas en dinámicas de presión política”.

“Estamos hablando de personas que necesitan seguridad, estabilidad y políticas públicas que garanticen el ejercicio efectivo de sus derechos más básicos. Su protección debe ser una prioridad de Estado y situarse siempre por encima de cualquier debate partidista”, sentenció.

Según la plataforma, la moratoria antidesahucios, vigente desde la pandemia, ha sido una herramienta “esencial” para “evitar que miles de hogares con menores, personas mayores o personas con discapacidad quedaran en la calle en contextos de vulnerabilidad económica sobrevenida”.

“Su eliminación supone un retroceso en la protección social y abre la puerta a un aumento del riesgo habitacional en todo el país”, apostilló.

Por todo ello, la Plataforma del Tercer Sector apela a la “responsabilidad” de todos los grupos parlamentarios para “garantizar que ningún avance social sea desmantelado por dinámicas de confrontación política”.

“La protección de las personas más vulnerables debe situarse por encima del debate partidista y debe abordarse desde una perspectiva de Estado”, resolvió.