Así se puso de manifiesto durante la presentación en Servimedia del Barómetro de Mayores UDP, que ha sido elaborado con financiación procedente de la subvención del 0,7% del IRPF 2021 de Otros Fines de Interés Social, del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Dicha convocatoria es posible gracias a la solidaridad de las personas contribuyentes que cada año marcan en su declaración de la renta la casilla de Actividades de Interés General consideradas de Interés Social, la 'X Solidaria'.

Cristóbal Gómez Benito, integrante del Grupo de Trabajo del Barómetro Mayores UDP, destacó que la irrupción de la covid-19 “ha roto dinámicas, procesos y hábitos”, además de servicios, incluso de atención domiciliaria, que las organizaciones y las familias han “suplido” con redes de voluntariado para atender a los mayores “más necesitados” a los que no cuidan las administraciones. A su juicio, las instituciones públicas deben crear "otros escudos de protección a ese colectivo”, además del que ya supone la familia. También reclamó "una mejor aplicación de la Ley de Dependencia".

La pandemia ha tenido un “impacto emocional” que ha llevado a muchos mayores a “sentirse mal en general, enfadados, inútiles, impotentes”. A ello ha contribuido también las limitaciones de la atención sanitaria por la pandemia y la falta de presencialidad. También la situación “kafkiana” provocada por las trabas administrativas y digitales. “Estamos en un sistema en el que ahora lo tiene que hacer todo el ciudadano: es el oficinista y el usuario. No sólo hay que educar a las personas mayores en lo digital, sino que hay que volver a la presencialidad”, revindicó.

De hecho, el barómetro apunta que más de cuatro de cada diez personas mayores han sufrido una suspensión o reducción de citas médicas (42,5%), un 22,4% ha experimentado dificultades para realizar gestiones administrativas y cerca de un 15% informó sobre suspensión o reducción de tratamientos.

Tras poner en relación este impacto de la pandemia sobre la atención médica y el deterioro de la salud, las personas mayores señalan un empeoramiento superior a medida que aumenta la importancia de la suspensión, el aplazamiento o la reducción padecida del servicio, según el estudio de UDP.

En la presentación de ‘Covid-19: el impacto emocional, el comportamiento privado y social de las personas mayores’, la presidenta de la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP), Inmaculada Ruiz Martín, comentó que el sociosanitario es un problema "brutal" para la población de más de 65 años y ha empeorado con la covid. "Nos han quitado los médicos de familia de los pueblos, nos atienden por teléfono. Por eso, reclamó la actuación de Sanidad: "O se enfrenta a este problema e intenta solucionarlo o atenta contra nuestros derechos", pidió en nombre de un colectivo en el que la cronicidad es "tremenda". "Decimos que estamos sanos, pero nuestro estado se está deteriorando y no se está tratando", lamentó.

DEPENDENCIA

Precisamente, el barómetro pide mejorar los servicios en ambulatorios, centros de salud, la atención y ampliar el personal sanitario, pero UDP es consciente de que las transferencias en asistencia social y salud están transferidas a las comunidades autónomas, como ocurre con la Ley de Dependencia. Para Gómez Benito", esta tiene "el problema" de que es estatal, "pero la tienen que ejecutar las comunidades autónomas".

"Hay muchas formas de desigualdad y discriminación en sociedad, por género, etnia… pero hay una asociada a la edad, a los mayores. Cuando uno va al médico dicen que son cosas de la edad. Pero no por ser mayor me tengo que aguantar", lamentó.

RESIDENCIAS

Los mayores también tienen otros derechos, prosiguió durante la presentación del barómetro la presidenta de UDP. "La covid ha demostrado que hay que cambiar el modelo de las residencias. La gente tiene derecho a estar y morir en su casa. Hay que cambiar el modelo para la gente que quiere estar en su casa, con cuidadores", revindicó Ruiz Martín.

Gómez Benito añadió que, además, "el deterioro de una persona en una residencia va en declive". "Se están haciendo reuniones para ver qué podemos hacer con las residencias", agregó Ruiz Martín, quien matizó que las personas mayores que viven en los pueblos están "más unidas" y "con un contacto constante que no hay en las ciudades". "Pero el otro problema es que se están vaciando los pueblos porque tampoco se atiende como se debería atender. ¿Por qué están quitando los servicios?", preguntó.