De acuerdo con los datos recopilados por la asociación Dignidad y Justicia, a los que ha tenido acceso Servimedia, la mayor parte de este millón de euros corresponde a lo pagado por responsables de la izquierda "abertzale" como fianza en el caso de la huelga ilegal convocada el pasado 9 de marzo.

Esta huelga fue anunciada por el entorno de ETA en respuesta a la muerte en prisión de los etarras Igor Angulo, que se suicidó, y Roberto Sainz, que falleció a consecuencia de un infarto.

Esta convocatoria ilegal fue investigada por el juez Fernando Grande Marlaska, quien impuso fianzas de 250.000 euros a Otegi; y de 200.000 a Juan María Olano (portavoz de Askatasuna) y a Juan José Petrikorena (responsable de comunicación de Batasuna).

Asimismo, a finales de marzo, cuatro miembros de Segi, grupo juvenil ilegalizado afín a ETA, hicieron efectivo cada uno de ellos una fianza de 60.000 euros para poder abandonar la cárcel hasta la celebración del juicio.

Posteriormente, otra de las principales fianzas es la abonada por Karmelo Lukin, que ha depositado durante este mes de diciembre los 20.000 euros que le impuso el juez Baltasar Garzón por su presunta implicación en la red de extorsión de ETA ligada al bar Faisán de Irún (Guipúzcoa).

Durante este año también se han hecho efectivas otras fianzas menores, como los 6.000 euros pagados por el joven de 18 años detenido por su presunta participación en el intento de quemar con gasolina a un policía de Bilbao, incidente que tuvo lugar el pasado 10 de noviembre.