Según indicó a Servimedia Antonino Joya, letrado de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el Tribunal Supremo aplicó el mismo principio en un procedimiento por cláusulas abusivas.

Bruselas había marcado a España el 24 de abril de 1997 como feca máxima para incorporar a su legislación la directiva europea sobre tiempo compartido o multipropiedad, aunque el proyecto de ley español no emplea este último término por considerarlo poco afortunado. Sin embargo, más de año y medio después, el proyecto de ley todavía no se ha convertido en ley, si bien está a punto porque el Senado ha dado ya su visto bueno.

La juez de Denia ha estimado que un incumplimiento del Estado español (la no trasposición de la directiva) no podía dejar indefensos a los usurios. Por lo tanto, ha aplicado el llamado "efecto directo horizontal" de la directiva, que supone su validez en las relaciones entre particulares, y ha anulado el contrato y la letra que los compradores habían firmado bajo una fuerte presión.

La directiva establece que los compradores de tiempo compartido tienen un plazo de 10 días desde el momento de la firma del contrato para anular la operación. En este caso, los demandantes se arrepintieron al día siguiente y así se lo comunicaron a InverholidaysS.A., pero la empresa rechazó rescindir el contrato.

El negocio de tiempo compartido factura más de 80.000 millones de pesetas anuales en España, donde acuden más de 1,5 millones de personas de todo el mundo para disfrutar sus vacaciones de tiempo compartido.

Las estancias, que duran de media 9 noches, se concentran en las zonas turísticas de la costa mediterránea y las islas de Baleares y Canarias.