Así lo anunció este miércoles en la Comisión del ramo del Congreso de los Diputados la ministra de Igualdad, Irene Montero, tras alabar “el avance tan significativo que la ley Orgánica de 2010 supuso para los derechos de las mujeres”.

Agradeció “el esfuerzo realizado por el Gobierno de Zapatero”, pero apuntó que “en la actualidad, existen barreras que es preciso remover para asegurar el derecho efectivo de todas las mujeres” a la interrupción voluntaria de su embarazo.

En su opinión, esto pasa porque aquellas que lo deseen, puedan llevarla a cabo “en un hospital público y cercano a su domicilio”.

OBJECIÓN

Según la ministra, todo esto “será compatible con el derecho a la objeción de conciencia” de los profesionales sanitarios, recogido en la Constitución, y la "referencia para la nueva ley será la regulación de la objeción de conciencia vigente en la Ley de Eutanasia, donde se contempla la creación de un registro de objetores”.

Aquellos profesionales que no desean llevar a cabo dicha práctica deben inscribirse en él, para que las administraciones públicas puedan asegurar la prestación del servicio en todos los hospitales. De este modo, “la nueva ley garantizará que la mujer que lo decida pueda abortar sin tener que recorrer cientos de kilómetros y sin tener que irse a un hospital privado”, subrayó Montero. “Sin sufrir crítica ni estigma”, recalcó.

Otra de las novedades que la reforma traerá consigo será la eliminación del consentimiento paterno como exigencia para que las adolescentes de 16 y 17 años puedan abortar, un requisito que el Gobierno del PP introdujo en la Ley de 2010.

En su discurso, la ministra resaltó la incongruencia que significa que “esas mujeres jóvenes puedan decidir de forma libre y autónoma someterse a una operación de vida o muerte” pero que “necesiten el consentimiento paterno para interrumpir su embarazo”.

“Es propósito y deber de este Gobierno garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública”, prosiguió, y eso incluye “garantizar que las adolescentes de 16 y 17 años puedan acceder a este derecho” y derogar esa modificación, afirmó. “Si son mayores para trabajar y para mantener relaciones sexuales, lo son también para decidir sobre su embarazo”, argumentó, y subrayó las dificultades que muchas de ellas pueden encontrar a la hora de comunicar su situación a sus familiares, sobre todo si son víctimas de violencia sexual.

SIN REFLEXIÓN OBLIGATORIA

Finalmente, la nueva ley acabará con el plazo de tres días de reflexión para que las mujeres mediten su decisión y también con la obligación de entregar información sobre las alternativas de ayuda (solo se les facilitará a aquellas que lo soliciten). “¿Se imaginan que a un hombre le piden que reflexione durante tres días sobre una decisión que atañe a su salud?”, preguntó a los diputados.

Por otro lado, apuntó que, de acuerdo con lo previsto en la nueva norma, las mujeres que decidan abortar podrán acudir a su centro de salud para recibir información y desde allí se les derivará a un centro hospitalario por procedimiento de urgencia. Serán ellas, en función de la información recibida, las que decidan sobre el método (aborto farmacológico o quirúrgico).

Finalmente, Montero destacó la importancia de garantizar el derecho a la salud menstrual y de que los productos de higiene femenina sean “asequibles”, y reclamó “una gestión igualitaria de la anticoncepción” para que “la responsabilidad mental, física y económica no recaiga siempre sobre las mujeres”.

Aunque no lo especificó, esto implicaría rebajar el IVA de los productos para la menstruación y la promoción de métodos anticonceptivos dirigidos a los varones.